Una médica que presta servicios en Gendarmería Nacional y una reconocida esteticista de Tartagal fueron detenidas por transportar 66 kilos de cocaína cuyo destino era nuestra provincia. En el trayecto, una banda intentó robar el cargamento, maniobra que en la jerga criminal se conoce como “mejicaneada”. Como si eso fuera poco, efectivos de la Policía de Tucumán están siendo investigados, ya que de alguna manera se vieron involucrados en el episodio, pese a que el hecho se registró en Salta, donde no podían actuar.

El domingo, a las nueve de la mañana, la paz del paraje El Potrero, en el límite entre Salta y Tucumán, se hizo añicos con una llamada desesperada. Al otro lado de la línea, una vecina rogaba por auxilio: dos mujeres, fuera de sí por el terror, golpeaban su puerta pidiendo refugio mientras una lluvia de balas impactaba contra su vehículo en plena ruta nacional 34.

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Cuando un policía salteño llegó al lugar, se encontró con una escena de película de acción: una camioneta Renault Duster marrón presentaba al menos siete orificios de bala, una goma reventada y vidrios estallados. Escondidas en un zaguán, protegidas por la solidaridad de una vecina, estaban Ivana Georgina Portal y Delia Yolanda Tame.

Portal, una médica clínica de Gendarmería Nacional con base en Tartagal, y Tame, una esteticista, relataron una historia que inicialmente conmovió a los oficiales: aseguraban que, tras detenerse en una estación de servicio YPF de Rosario de la Frontera, comenzaron a ser perseguidas por dos camionetas -una azul y otra blanca sin patente- cuyos ocupantes disparaban para obligarlas a detenerse.

Presencias sospechosas

Mientras el efectivo intentaba aclarar lo que estaba ocurriendo, se presentó un hombre al que el uniformado identificó como José Alfredo “Yuya” Troichuque. Al verse descubierto, aceleró la camioneta blanca en la que se trasladaba y emprendió una fuga hacia el sur.

Casi de manera inmediata, hubo otra presencia que enturbió aún más el operativo. Una camioneta en la que se movilizaban hombres que se identificaron como policías tucumanos también arribó al domicilio donde estaban las mujeres. Aseguraron que habían concurrido porque estaban realizando tareas de patrullaje, a pesar de encontrarse en territorio salteño, a unos 20 kilómetros de la jurisdicción en la que estaban habilitados legalmente para intervenir.

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Los efectivos de la vecina provincia se comunicaron con funcionarios de la Justicia Federal al sospechar que las mujeres podrían estar transportando drogas. Con autorización de la auxiliar fiscal Carolina Salas, los peritos encontraron un doble fondo en el piso de la Duster donde habían ocultado 64 ladrillos de cocaína que arrojaron un peso total de 66 kilos.

Quedaron aprehendidas, pero aún faltaba más.

Troichuque fue detenido varias horas después cuando intentaba ingresar a Tucumán por el paso de El Tala, otro de los caminos elegidos por las organizaciones narco para transportar estupefacientes. Estaba acompañado por su pareja, Adriana Angélica Ita, y se movilizaban en un automóvil, no en la camioneta observada inicialmente. Los policías tucumanos, en cambio, desaparecieron del lugar casi sin dar explicaciones.

Rápida partida

La intervención de los efectivos de la provincia en el operativo fue señalada como uno de los puntos más oscuros y sospechosos del caso, ya que su presencia en el lugar del tiroteo no estaba justificada ni autorizada por sus superiores. En una audiencia realizada ayer, el fiscal federal Ricardo Toranzos confirmó la misteriosa participación de los agentes en una jurisdicción que no era la suya.

El representante del Ministerio Público aclaró que los efectivos se movilizaban en una camioneta particular blanca, conducida por un hombre uniformado, acompañado por otros tres sujetos que también serían integrantes de la fuerza. Agregó que le llamó poderosamente la atención que, una vez descubierta la droga, se retiraran del lugar sin dejar constancia ni precisiones sobre la actividad que habían desarrollado.

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Por esa razón, los funcionarios judiciales decidieron profundizar la pesquisa sobre los agentes tucumanos. LA GACETA pudo establecer que los superiores de los investigados no tenían conocimiento de que estaban realizando un patrullaje y, mucho menos, que hubieran sido designados para desarrollar una investigación.

La pesquisa los condujo hasta el destacamento 7 de Abril, donde los implicados prestaban servicios. Allí secuestraron una camioneta blanca -hasta el momento no trascendió el modelo- que habrían utilizado para movilizarse. También incautaron el libro de guardia, donde quedan registrados los movimientos de los efectivos, además de teléfonos celulares y armas reglamentarias.

“Son en total siete efectivos policiales. Es muy raro que hayan estado fuera de su jurisdicción y ahí nace nuestra sospecha. Tenemos en nuestro poder sus armas y van a ser peritadas para determinar si tuvieron alguna vinculación con el caso. Además, el acta de actuaciones estaba firmada con fecha posterior y no figuraba lo realizado en El Potrero”, indicó el fiscal a LA GACETA.

La teoría

Aunque la investigación recién comienza, el fiscal Toranzos tendría una teoría sobre lo ocurrido. Las mujeres habrían sido atacadas por un grupo que podría estar liderado por Troichuque con el objetivo de apoderarse de la droga que transportaban. Ese dato, según la hipótesis de los investigadores, habría sido aportado por el proveedor de la sustancia o por alguna persona cercana a las transportistas.

La participación de los policías tucumanos aún no está clara. Los investigadores manejan dos hipótesis. La primera es que podrían haber sido contratados por Troichuque para participar del robo. La segunda, según los datos recopilados por LA GACETA, es que habrían acordado con los responsables de la carga no controlarla y acudieron en ayuda de las mujeres cuando se enteraron de que estaban siendo víctimas de un intento de robo.

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Por el momento, estaría prácticamente descartado que estuvieran realizando tareas de patrullaje en una jurisdicción ajena. “Estuvieron ahí porque alguien los llamó. Cuando se analicen los celulares se sabrá”, indicó una fuente judicial.

Por lo pronto, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, ya dispuso que los siete efectivos -los cuatro que participaron en el procedimiento y los tres que estaban en el destacamento- sean separados preventivamente de sus funciones y los puso a disposición de la Justicia Federal de Salta, además de iniciarles un sumario administrativo. Con el correr de las horas se determinará cuál será su situación dentro de la fuerza.